De momento, la consecuencia inmediata será derogar la reforma de 4º de la ESO que aprobó el anterior Gobierno y que tendría que entrar en vigor el próximo septiembre. El cambio consistía en hacer en ese curso, el 4º y último de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), hubiera tres opciones: una con asignaturas enfocadas al bachillerato de letras, otra al de ciencias y la última a la Formación Profesional (FP). Este fue uno de los puntos que se acordaron durante la negociación del fracasado pacto educativo que intentó el anterior ministro de Educación, Ángel Gabilondo. El PP rechazó aquel pacto y ahora en el Gobierno quiere ir un paso más allá con el objetivo, entre otros, de reducir el fracaso y el abandono escolar (del 28,4%, el doble de la media de la UE), al separar un año antes a los alumnos que no quieren seguir por la vía académica llevándoles a la FP. Al mantener la escolarización obligatoria hasta los 16 años, los alumnos de 15 que no hayan repetido deberán decidir si van al bachillerato o a la Formación Profesional y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso, aunque quieran dejar los estudios a los 16.
Esta opción ha sido criticada por buena parte de la comunidad educativa (padres y sindicatos), porque podría suponer segregar al alumnado un año antes, restando formación común, y por el complicado encaje que supondría el nuevo modelo. La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, ha dicho tras la reunión que ve “más complejidad que beneficios” en la idea del ministerio, aunque están dispuestos a analizarla. “Tiene unas derivaciones en la política de centros de gratuidad que hay que tener muy en cuenta porque los beneficios pueden ser menores que los inconvenientes”, ha dicho. Si el primer curso de bachillerato para a formar parte de la escolarización obligatoria habría que subvencionarlo, y se subvenciona 1º se abre la puerta a concertar todo el ciclo, algo que solo ocurre de forma generalizada en unas pocas comunidades.
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